El auge de los drones civiles ha abierto una puerta peligrosa: su utilización por parte de grupos terroristas. Estos aparatos, diseñados en origen para ocio o labores técnicas, pueden convertirse en armas improvisadas capaces de alterar la seguridad de cualquier ciudad o espacio público.
El riesgo se multiplica en escenarios urbanos y en infraestructuras críticas. Centrales eléctricas, aeropuertos o concentraciones de personas pueden ser blanco de ataques difíciles de prever y de neutralizar a tiempo. La asimetría de esta amenaza convierte a los drones en un desafío inédito para la seguridad global.
Sin embargo, la legislación internacional avanza con lentitud. Aunque la ONU ha reconocido la amenaza del uso indebido de nuevas tecnologías, todavía no existe un marco universal que defina sanciones, protocolos de control ni obligaciones claras para los Estados. Ese vacío normativo favorece la proliferación de drones en manos de grupos violentos.
Regular esta amenaza no es una opción, es una urgencia. La ONU debería impulsar acuerdos vinculantes sobre exportación, uso y vigilancia de drones, además de reforzar la cooperación entre países. Solo así será posible cerrar la ventana de oportunidad que hoy aprovechan los terroristas para innovar en el campo de la violencia.
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