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El camino legal de la amnistía aún no ha terminado

El proceso judicial sobre la ley de amnistía del ‘procés’ seguirá al menos medio año más. Aunque el Tribunal Constitucional ha validado la ley, su aplicación por parte de los jueces sigue siendo lenta y desigual. Hasta ahora, se han beneficiado unos 200 independentistas y 170 policías, pero no los principales líderes políticos, como Puigdemont o Junqueras.

El abogado de Puigdemont ha pedido que se retire ya la orden de detención que pesa sobre él. Si el Tribunal Constitucional lo acepta, sería el primer efecto práctico importante de esta sentencia.

Quedan más obstáculos: por ejemplo, resolver los recursos que presentaron varias comunidades gobernadas por el PP, y lo más relevante: si el Tribunal Constitucional acepta o rechaza la forma en que el Tribunal Supremo interpreta el delito de malversación. El Supremo considera que los líderes del ‘procés’ se beneficiaron económicamente porque no pagaron de su bolsillo los gastos del referéndum. Esta interpretación ha impedido que reciban la amnistía.

Si el T Constitucional rechaza ese criterio del Supremo, Puigdemont y otros quedarían amnistiados y podrían volver a la política sin cargos pendientes.

Pero el asunto no acaba ahí. El 15 de julio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea debe decidir si el dinero del referéndum causó algún perjuicio a los fondos europeos. Si respondiera que sí, sería un argumento importante para mantener fuera de la amnistía el delito de malversación. Pero si dice que no hubo daño, como apunta la Comisión Europea, se reforzaría la idea de que los líderes del ‘procés’ sí pueden ser amnistiados.

Además, si más adelante el Tribunal Constitucional no está de acuerdo con el criterio del Tribunal Supremo sobre la malversación, el Supremo podría llevar el caso de nuevo al tribunal europeo. Eso paralizaría todo el proceso en España y alargaría la resolución durante muchos meses, o incluso años.

Otro dato a tener en cuenta: en enero finaliza el mandato de Conde Pumpido como cabeza del Tribunal Constitucional.

Parece que esto va para largo. El Constitucional dijo que la ley es legal, pero el Supremo no admite la malversación, y luego viene Europa… ¿a quién le da tiempo para tanto lío?

Yo entiendo que incluso con permiso del Constitucional, el paso del asunto por Europa — declara si el dinero público se malversó — puede parar todo un año o más.

¿Cómo que la amnistía es legal pero no funciona? Pues por esto: el Tribunal Supremo no lo aplica donde ve malversación. Es como tener billete de tren pero no reservas plaza.

Y lo que me preocupa: si Europa dice que sí hubo daño a fondos europeos, entonces la malversación no se borra ni con amnistía. Nos vemos con el proceso judicial congelado un par de años.