El Senado francés aprobó el 28 de enero de 2026 una ley que facilita la devolución de bienes culturales robados durante la etapa colonial. La medida se presenta como un gesto de justicia histórica, pero para quien mira el patrimonio europeo con algo de memoria, la iniciativa deja una pregunta incómoda: ¿por qué algunas rapiñas merecen reparación y otras siguen fuera del relato?
La llamada ley marco limita su aplicación al periodo comprendido entre 1815 y 1972, justo a partir del Congreso de Viena. Con ese simple corte cronológico, todo el saqueo sistemático llevado a cabo por las tropas napoleónicas queda automáticamente excluido. Italia, España, Alemania, Austria, Portugal o los antiguos Países Bajos siguen sin un procedimiento claro para reclamar las obras arrancadas de palacios, iglesias y colecciones reales durante las guerras napoleónicas.
Francia reconoce ahora el expolio cometido en África y en otros territorios sometidos a su expansión imperial tardía, y abre vías rápidas para la restitución a países como Benín, Mali, Argelia o Senegal. Es un avance real, con comisiones científicas y trámites simplificados. Pero al mismo tiempo, el gran saqueo europeo del siglo XIX permanece cuidadosamente al margen, protegido por una frontera temporal tan precisa como conveniente.
Para el aficionado al arte español, italiano o centroeuropeo, la conclusión resulta difícil de esquivar: hay expolios que se corrigen y otros que se amortizan como gloria histórica. Napoleón sigue ocupando salas de honor en los museos franceses, mientras su botín continúa colgado de las paredes.
Porque en materia de restitución, Francia no ha elegido la justicia, sino el relato que mejor le absuelve.